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Fiscal general denunció campaña de desprestigio en Asamblea Legislativa

Carlo Díaz, fiscal general, reveló campaña de desprestigio en contra del Ministerio Público y del fallo de la Sala Constitucional

Carlo Díaz, fiscal general, reveló campaña de desprestigio en contra del Ministerio Público y del fallo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley “Jaguar”, en el que se señalaban vicios de constitucionalidad. Díaz reveló que por la campaña pagaron 6 bitcoins.

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    La denuncia se dio durante una audiencia en la Comisión de Ingreso Gasto Público, el jerarca indicó que se trata de una información de inteligencia que recibió y se desconoce quién pagó por la campaña. Según las estimaciones del Fiscal los 6 bitcoins rondan entre los 185 millones de colones. Los diputados del oficialismo se mostraron molestos porque no se les avisó con anticipación que el Fiscal, Carlo Díaz, estaría presente en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. La diputada oficialista, Ada Acuña, evalúa presentar un recurso de amparo.

    Díaz, indicó: “Lamentablemente cuando se dan este tipo de discursos en donde de manera malintencionada se quiere hacer ver que las actuaciones del Ministerio Público responden a intereses políticos o de cualquier otro grupo, personas como estas creo que caen en la trampa y también hasta pagados porque bueno ahorita tal vez le pueda expresar, hay campañas pagadas para desprestigiarnos e incluso, bueno no lo voy a dejar para después, incluso para que usted sepa se pagaron seis bitcoins para hacer una campaña de desprestigio al fiscal general”.

    El Fiscal explicó a los diputados que el evento al que asistió en Grecia fue una invitación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que incluyó cónyuges, parejas o acompañantes, para quienes ofrecían un programa especial de actividades paralelo a la misión internacional. Reiteró que él pagó el tiquete de la fiscal auxiliar.

    El Fiscal manifestó que está abierta una investigación por la utilización de vehículos decomisados y trasladados al Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) para perseguirlo a él hasta su casa. La campaña inició después del allanamiento en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), donde fue detenida Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.

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