El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) solicitó formalmente al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) la suspensión del régimen salarial académico actualmente en vigencia.

Esta solicitud se basa en la revisión de información pública recientemente divulgada, la cual revela que el régimen fue aprobado sin un estudio actuarial específico ni un criterio jurídico que garantice su validez y sostenibilidad. Por lo que se considera que esta falta de sustento genera inconsistencias importantes, tanto desde el punto de vista legal como económico.

Marta Esquivel, Ministra de Educación, indicó: “Estamos actuando con responsabilidad. El país necesita reglas claras y sostenibles en el manejo del empleo público. Un régimen salarial sin respaldo técnico ni legal adecuado pone en riesgo la equidad, la estabilidad financiera y la seguridad jurídica de las instituciones”

Según la Ley de Marco de Empleo Público, las universidades públicas están sujetas a los principios de eficiencia, razonabilidad y transparencia, y que cualquier normativa salarial debe estar debidamente justificada mediante estudios técnicos y financieros confiables.

La normativa vigente establece que ningún acto administrativo puede ser contrario a la ciencia, la técnica o los principios de lógica y conveniencia. Por ello, mantener este régimen sin respaldo técnico podría incluso dar lugar a procesos judiciales por lesividad, lo cual se busca evitar con esta solicitud preventiva.